Jesús Silva-Herzog Márquez
24 Nov. 2014
"Hoy quiero decirles que le he pedido a mi esposa que sea ella personalmente, siendo una propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública, cómo se hizo de esa propiedad y cómo fue que la construyó". Esa fue la respuesta del Presidente. Repetir que él no tiene nada que ver con el problema de su cónyuge. Desentenderse y entregar a su esposa al coliseo. Los leones de la opinión pública, previsiblemente, la destazaron. Su marido la puso en el matadero y ella caminó, con las únicas herramientas con las que contaba, a su tortura. La hicieron pedazos. El Presidente, un día después, le dio las gracias. Autorretrato de un hombre en tiempos de urgencia nacional. Inmolar a su esposa para salvar el cuello.
El problema nunca fue el patrimonio de la exitosa actriz de televisión. La envidia, pasión democrática, decía Tocqueville, estará presente por supuesto. Pero la ofensa de la casa no es la opulencia sino la suciedad, la maraña de transacciones en donde el beneficio privado se enreda con las decisiones públicas. Una empresa que gratifica fuera de toda proporción a una actriz al casarse con un político en ascenso. Un contratista del gobierno construyéndole casa a la esposa de su favorecedor. La reconstrucción que hace la esposa del Presidente reitera el motivo de la indignación: una televisora patrocina groseramente a un político a través de su cónyuge; el Presidente y su familia disfrutan de una casa que es propiedad de un sujeto al que el gobierno beneficia con obra pública. Los voceros gubernamentales repiten: ella no trabaja en el gobierno, no recibe un peso del fisco. Valdría simplemente leer la ley de responsabilidades de los servidores públicos: "Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión". Aquí se funda la acusación concreta. El beneficio familiar que recibió el Presidente contradice su deber de imparcialidad. Es una acusación seria. Merecería una respuesta seria, no distracciones cuya única esperanza es el olvido.
El escándalo no se irá porque no es un escándalo, es una crisis. Porque el núcleo de la afrenta presidencial toca la raíz de la tragedia mexicana. Si algo sabemos -y no son metáforas- es que la corrupción nos desangra y que la impunidad mata. Que el ingreso de la ilegalidad a la función pública es invitación a la arbitrariedad, la violencia y la muerte. El abuso presidencial ha quedado sin respuesta, sin reparación y sin castigo. El Presidente y su oficina no han tomado siquiera nota de la transgresión. Desprenderse de mala gana de la casa del escándalo no soluciona absolutamente nada. La sospecha adquiere nuevo fundamento; el beneficio patrimonial del trato quizá se incremente. ¿Por qué venderla si nada hay reprochable en su compra? Nadie ha recibido castigo. Y no es que se quiera la condena sin el juicio. Es que es imposible retomar el camino si no se encara el núcleo del atropello.
Más que una crisis de liderazgo o una crisis de confianza, esto apunta a una crisis de legitimidad. Cuando el poder público olvida su compromiso con la ley, pierde permiso. La desgracia es que la exigencia de legalidad (único basamento del poder legítimo) no tiene eco en las instituciones. Ni siquiera la oposición levanta con claridad la demanda de que el Presidente rinda cuentas. Acción Nacional ha callado vergonzosamente. El PRD apenas ha alzado la voz. Los medios, con poquísimas excepciones, miran al otro lado. La reacción presidencial, torpe y cobarde, es ominosa. Evade la médula de las acusaciones y procede a fugarse de la realidad. La crisis es producto de una conjura de los poderosos que han sido lastimados por la valentía del reformista. Los que mucho tienen, dice, promueven la anarquía. El vocabulario diazordacista regresa a Los Pinos: los enemigos de México quieren descarriar el Magnífico Proyecto Nacional. Ése parece ser el cuento que se narra en el diminuto circuito presidencial: el complot. La fábula del paranoico no es inofensiva. Ante el desafío de la ira, el Estado responde de la peor manera: con golpes y detenciones arbitrarias.
Esto es más que un escándalo: es una crisis. Es el grito por la segunda transición. La primera dio paso al pluralismo. Ésta debe llevarnos a la legalidad.
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/
El problema nunca fue el patrimonio de la exitosa actriz de televisión. La envidia, pasión democrática, decía Tocqueville, estará presente por supuesto. Pero la ofensa de la casa no es la opulencia sino la suciedad, la maraña de transacciones en donde el beneficio privado se enreda con las decisiones públicas. Una empresa que gratifica fuera de toda proporción a una actriz al casarse con un político en ascenso. Un contratista del gobierno construyéndole casa a la esposa de su favorecedor. La reconstrucción que hace la esposa del Presidente reitera el motivo de la indignación: una televisora patrocina groseramente a un político a través de su cónyuge; el Presidente y su familia disfrutan de una casa que es propiedad de un sujeto al que el gobierno beneficia con obra pública. Los voceros gubernamentales repiten: ella no trabaja en el gobierno, no recibe un peso del fisco. Valdría simplemente leer la ley de responsabilidades de los servidores públicos: "Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión". Aquí se funda la acusación concreta. El beneficio familiar que recibió el Presidente contradice su deber de imparcialidad. Es una acusación seria. Merecería una respuesta seria, no distracciones cuya única esperanza es el olvido.
El escándalo no se irá porque no es un escándalo, es una crisis. Porque el núcleo de la afrenta presidencial toca la raíz de la tragedia mexicana. Si algo sabemos -y no son metáforas- es que la corrupción nos desangra y que la impunidad mata. Que el ingreso de la ilegalidad a la función pública es invitación a la arbitrariedad, la violencia y la muerte. El abuso presidencial ha quedado sin respuesta, sin reparación y sin castigo. El Presidente y su oficina no han tomado siquiera nota de la transgresión. Desprenderse de mala gana de la casa del escándalo no soluciona absolutamente nada. La sospecha adquiere nuevo fundamento; el beneficio patrimonial del trato quizá se incremente. ¿Por qué venderla si nada hay reprochable en su compra? Nadie ha recibido castigo. Y no es que se quiera la condena sin el juicio. Es que es imposible retomar el camino si no se encara el núcleo del atropello.
Más que una crisis de liderazgo o una crisis de confianza, esto apunta a una crisis de legitimidad. Cuando el poder público olvida su compromiso con la ley, pierde permiso. La desgracia es que la exigencia de legalidad (único basamento del poder legítimo) no tiene eco en las instituciones. Ni siquiera la oposición levanta con claridad la demanda de que el Presidente rinda cuentas. Acción Nacional ha callado vergonzosamente. El PRD apenas ha alzado la voz. Los medios, con poquísimas excepciones, miran al otro lado. La reacción presidencial, torpe y cobarde, es ominosa. Evade la médula de las acusaciones y procede a fugarse de la realidad. La crisis es producto de una conjura de los poderosos que han sido lastimados por la valentía del reformista. Los que mucho tienen, dice, promueven la anarquía. El vocabulario diazordacista regresa a Los Pinos: los enemigos de México quieren descarriar el Magnífico Proyecto Nacional. Ése parece ser el cuento que se narra en el diminuto circuito presidencial: el complot. La fábula del paranoico no es inofensiva. Ante el desafío de la ira, el Estado responde de la peor manera: con golpes y detenciones arbitrarias.
Esto es más que un escándalo: es una crisis. Es el grito por la segunda transición. La primera dio paso al pluralismo. Ésta debe llevarnos a la legalidad.
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