Me pregunto luego de leer esta nota, adonde quedaron los panegiristas de la libertad de expresion que TODOS escuchamos cuando Hugo Chavez "acabo" con la concesion de Radio Caracas TV. Es divertido comprobar de a poco que los mismos golpeadores de AMLO van tomando sus mismos postulados.
Czerjyo
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Ricardo Aleman
El Universal, 14 de Agosto 2007
Imer, fin de la radio pública
Por la “sustentabilidad financiera”, se tiran principios como la independencia política
El director Héctor Villarreal asume el papel de gerente al servicio del ‘rating’
Durante el muy largo debate sobre la llamada ‘ley Televisa’, que al final de cuentas fue echada abajo por la Suprema Corte de Justicia, uno de los aspectos fundamentales era el riesgo en que se dejaba a los medios públicos, radio y televisión, que siempre han sido vistos por los grandes grupos privados del ramo como un estorbo y una competencia desleal, por un lado, y a futuro como un apetitoso “bocado” que quisieran engullir.
Por eso, a lo largo de las escaramuzas legales que terminaron con el resolutivo de la Corte que hizo caer dicha ley —y que exhibió que los poderes Ejecutivo y Legislativo se sometieron al poder fáctico de los poderes mediáticos—, un puñado de legisladores de todos los partidos que asumieron la batalla contra la ley Televisa, al mismo tiempo hicieron una férrea defensa de la importancia y el carácter social de los medios públicos, que en los tiempos del control priísta eran instrumentos al servicio de los gobiernos en turno, y que en una democracia como la que se pregona debían ser instituciones del Estado, al servicio de la sociedad.
Pero el discurso y las buenas intenciones de los legisladores en esos tiempos eran una cosa, y los hechos de lo que ocurre en el gobierno de Felipe Calderón son otra, por lo menos en el caso de la radio pública y en especial del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), institución que de plano se aleja por completo de su carácter público, y se orienta hacia una clara tendencia de concesión privada, en donde “su majestad el rating” es el que manda, y en aras de la “sustentabilidad financiera” se tiran a la basura principios fundamentales de toda institución del Estado, como la autonomía financiera y la independencia política.
Las primeras señales de un cambio que pudiera desembocar en la indeseada privatización del Imer —y muchas veces anunciada en el gobierno de Vicente Fox— se dieron cuando el gobierno de Calderón designó como nuevo director del Imer a Héctor Villarreal, un joven panista cercano a Santiago Creel, pero también a miembros de la familia presidencial —sobre todo aquellos vinculados con el español Grupo Prisa, socio de Televisa en la división Televisa Radio—, quien decidió importantes cambios en el grupo de radiodifusoras, que apenas y provocaron un tenue debate sobre el carácter público de la institución.
Resulta que Villarreal decidió la desaparición de la barra de análisis y comentarios políticos conocida como Café Encuentros, que se transmitía en los 30 minutos siguientes al noticiero estelar del Imer, en las frecuencias de Horizonte. De lunes a viernes, en parejas que decidían con libertad los temas a tratar, una decena de especialistas analizaban los tópicos noticiosos más importantes —muchos de ellos reconocidos por su independencia editorial y crítica—, en un espacio que por más de una década se convirtió en una alternativa fresca frente a la radio privada.
Pero de manera poco clara, sin más que un escueto oficio, se les informó a los comentaristas que su espacio había sido cancelado y que, por razones obvias, quedaban despedidos. Pero lo más curioso es que la razón esgrimida por el director del Imer para justificar el despido de los colaboradores —que tenían un salario no mayor a 3 mil pesos mensuales—, y de la cancelación de la barra de análisis y comentarios, fueron “la optimización de recursos” y “el bajo rating”. Es decir, dos criterios puramente comerciales, como si el Imer fuera una empresa privada de la radio mexicana.
Esa, sin embargo, era sólo la primera señal. El propio Villarreal se encargó de dejar claro hacia dónde va el Imer (Proceso número 1606 de la semana que corre), cuando en entrevista periodística dijo que la idea es que el Imer dependa lo menos posible del dinero público y lo más posible de los patrocinios privados. En pocas palabras, una privatización en los hechos. Así lo dijo: “Necesitamos salir agresivamente a buscar agresivamente spots en la iniciativa privada, para depender menos del presupuesto público y sin distorsionar el objetivo de la radio pública”. ¿En serio? ¿Se habrá dado cuenta Héctor Villarreal de lo que dijo?
Y es que entre los conceptos fundamentales que dibujan a la radio pública en los países democráticos de todo el mundo —en donde esas frecuencias son una alternativa a la interesada y mercantil oferta privada—, se encuentran precisamente un marco legal capaz de garantizar la independencia política y la autonomía financiera, una sólida profesionalización sustentada en el respeto a las minorías, la diversidad, la crítica, la pluralidad, las nuevas tendencias sociales y, sobre todo, la libertad de expresión.
Pero no, en lugar de avanzar en dirección a un trabajo político capaz de proponer en la llamada reforma del Estado, el marco legal necesario que garantice la sobrevivencia de la radio pública, a partir de la independencia política y la autonomía financiera —para de esa forma hacer frente a los poderosos grupos mediáticos soportados por la rentabilidad comercial y el rating—, el joven Héctor Villarreal asume no el papel de un servidor público preocupado y responsable de los intereses del Estado —y de los ciudadanos, razón de ser del Estado—, sino que asume el pobre papel de gerente o administrador de una empresa privada, la que deberá responder a las variables de la optimización de recursos, del rating, y de la competencia del mercado de la radio.
¿De veras esas son las instrucciones que recibió de Felipe Calderón, el joven Héctor Villarreal? ¿Qué no por esas razones los grandes poderes fácticos, los barones de la radio han querido desaparecer la radio pública? Entrar a la competencia comercial por la audiencia, en lugar de ser una alternativa que sea buscada por la audiencia, es lo más parecido a la desaparición de los medios públicos. Y el paso que sigue es la privatización del Imer, la que tanto Fox como Creel impulsaron, y que, al parecer, Calderón llevará “a buen puerto”. ¿Y donde están los defensores de la radio pública?
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Czerjyo
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Ricardo Aleman
El Universal, 14 de Agosto 2007
Imer, fin de la radio pública
Por la “sustentabilidad financiera”, se tiran principios como la independencia política
El director Héctor Villarreal asume el papel de gerente al servicio del ‘rating’
Durante el muy largo debate sobre la llamada ‘ley Televisa’, que al final de cuentas fue echada abajo por la Suprema Corte de Justicia, uno de los aspectos fundamentales era el riesgo en que se dejaba a los medios públicos, radio y televisión, que siempre han sido vistos por los grandes grupos privados del ramo como un estorbo y una competencia desleal, por un lado, y a futuro como un apetitoso “bocado” que quisieran engullir.
Por eso, a lo largo de las escaramuzas legales que terminaron con el resolutivo de la Corte que hizo caer dicha ley —y que exhibió que los poderes Ejecutivo y Legislativo se sometieron al poder fáctico de los poderes mediáticos—, un puñado de legisladores de todos los partidos que asumieron la batalla contra la ley Televisa, al mismo tiempo hicieron una férrea defensa de la importancia y el carácter social de los medios públicos, que en los tiempos del control priísta eran instrumentos al servicio de los gobiernos en turno, y que en una democracia como la que se pregona debían ser instituciones del Estado, al servicio de la sociedad.
Pero el discurso y las buenas intenciones de los legisladores en esos tiempos eran una cosa, y los hechos de lo que ocurre en el gobierno de Felipe Calderón son otra, por lo menos en el caso de la radio pública y en especial del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), institución que de plano se aleja por completo de su carácter público, y se orienta hacia una clara tendencia de concesión privada, en donde “su majestad el rating” es el que manda, y en aras de la “sustentabilidad financiera” se tiran a la basura principios fundamentales de toda institución del Estado, como la autonomía financiera y la independencia política.
Las primeras señales de un cambio que pudiera desembocar en la indeseada privatización del Imer —y muchas veces anunciada en el gobierno de Vicente Fox— se dieron cuando el gobierno de Calderón designó como nuevo director del Imer a Héctor Villarreal, un joven panista cercano a Santiago Creel, pero también a miembros de la familia presidencial —sobre todo aquellos vinculados con el español Grupo Prisa, socio de Televisa en la división Televisa Radio—, quien decidió importantes cambios en el grupo de radiodifusoras, que apenas y provocaron un tenue debate sobre el carácter público de la institución.
Resulta que Villarreal decidió la desaparición de la barra de análisis y comentarios políticos conocida como Café Encuentros, que se transmitía en los 30 minutos siguientes al noticiero estelar del Imer, en las frecuencias de Horizonte. De lunes a viernes, en parejas que decidían con libertad los temas a tratar, una decena de especialistas analizaban los tópicos noticiosos más importantes —muchos de ellos reconocidos por su independencia editorial y crítica—, en un espacio que por más de una década se convirtió en una alternativa fresca frente a la radio privada.
Pero de manera poco clara, sin más que un escueto oficio, se les informó a los comentaristas que su espacio había sido cancelado y que, por razones obvias, quedaban despedidos. Pero lo más curioso es que la razón esgrimida por el director del Imer para justificar el despido de los colaboradores —que tenían un salario no mayor a 3 mil pesos mensuales—, y de la cancelación de la barra de análisis y comentarios, fueron “la optimización de recursos” y “el bajo rating”. Es decir, dos criterios puramente comerciales, como si el Imer fuera una empresa privada de la radio mexicana.
Esa, sin embargo, era sólo la primera señal. El propio Villarreal se encargó de dejar claro hacia dónde va el Imer (Proceso número 1606 de la semana que corre), cuando en entrevista periodística dijo que la idea es que el Imer dependa lo menos posible del dinero público y lo más posible de los patrocinios privados. En pocas palabras, una privatización en los hechos. Así lo dijo: “Necesitamos salir agresivamente a buscar agresivamente spots en la iniciativa privada, para depender menos del presupuesto público y sin distorsionar el objetivo de la radio pública”. ¿En serio? ¿Se habrá dado cuenta Héctor Villarreal de lo que dijo?
Y es que entre los conceptos fundamentales que dibujan a la radio pública en los países democráticos de todo el mundo —en donde esas frecuencias son una alternativa a la interesada y mercantil oferta privada—, se encuentran precisamente un marco legal capaz de garantizar la independencia política y la autonomía financiera, una sólida profesionalización sustentada en el respeto a las minorías, la diversidad, la crítica, la pluralidad, las nuevas tendencias sociales y, sobre todo, la libertad de expresión.
Pero no, en lugar de avanzar en dirección a un trabajo político capaz de proponer en la llamada reforma del Estado, el marco legal necesario que garantice la sobrevivencia de la radio pública, a partir de la independencia política y la autonomía financiera —para de esa forma hacer frente a los poderosos grupos mediáticos soportados por la rentabilidad comercial y el rating—, el joven Héctor Villarreal asume no el papel de un servidor público preocupado y responsable de los intereses del Estado —y de los ciudadanos, razón de ser del Estado—, sino que asume el pobre papel de gerente o administrador de una empresa privada, la que deberá responder a las variables de la optimización de recursos, del rating, y de la competencia del mercado de la radio.
¿De veras esas son las instrucciones que recibió de Felipe Calderón, el joven Héctor Villarreal? ¿Qué no por esas razones los grandes poderes fácticos, los barones de la radio han querido desaparecer la radio pública? Entrar a la competencia comercial por la audiencia, en lugar de ser una alternativa que sea buscada por la audiencia, es lo más parecido a la desaparición de los medios públicos. Y el paso que sigue es la privatización del Imer, la que tanto Fox como Creel impulsaron, y que, al parecer, Calderón llevará “a buen puerto”. ¿Y donde están los defensores de la radio pública?
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